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El Gobierno de Navarra aprueba un tercer paquete de medidas para responder al impacto generado por el COVID-19.

Hoy ha sido publicado en el Boletín Oficial de Navarra el Decreto-Ley Foral 3/2020, de 15 de abril, aprobado ayer por el Gobierno de Navarra, que recoge un nuevo paquete de medidas para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del COVID-19.

En este decreto-ley foral se recogen, entre otras medidas, ayudas directas al colectivo de autónomos, la financiación de la investigación científica y técnica, la financiación de los servicios sociales o la coordinación ejecutiva de la salud laboral en las empresas por parte del Gobierno de Navarra.

A continuación, recogemos algunas de esas medidas, que consideramos especialmente relevantes, agrupadas por las diferentes temáticas mencionadas:

 

Ayudas directas para el colectivo de autónomos.

  • Tendrán derecho a una ayuda directa extraordinaria de 2.200 euros los trabajadores autónomos a los que les haya sido reconocida la prestación extraordinaria por cese de actividad establecida Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y siempre que cumplan los siguientes requisitos para causar derecho a la misma:
    • Tener su residencia habitual en territorio navarro y estar en alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en la Comunidad Foral de Navarra en la fecha de declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

    • Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra y en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

    • No haber solicitado ayudas por promoción de empleo autónomo en el año 2020.

    • No haber tenido la obligación de tributar, con resultado de cuota a ingresar, por el Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente al ejercicio 2018.

    • Que la suma de los ingresos de los miembros de la unidad familiar (incluidos los del propio trabajador autónomo) a la que pertenezca la persona autónoma no supere, mientras dure el estado de alarma, los siguientes importes:

      1. Con carácter general, el límite de cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).

      2. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.

      3. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

      4. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto será de cinco veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.

    • Permanecer en alta como autónomo en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y en el Impuesto sobre Actividades Económicas en la Comunidad Foral de Navarra durante 12 meses a partir de la finalización de la referida prestación prevista en el Real Decreto-ley 8/2020. Si se incumple dicha obligación de permanencia en alta, el perceptor deberá reintegrar la parte proporcional de la ayuda correspondiente al período de tiempo incumplido.
  • Los trabajadores autónomos que no se hubieran acogido a la prestación extraordinaria por cese de actividad establecida en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, tendrán derecho a una ayuda directa extraordinaria de 700 euros siempre que, además de cumplir los establecidos en los 5 primeros  requisitos señalados anteriormente, cumplan los siguientes requisitos:
    1. Permanecer en alta en todo momento como autónomo en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o en una Mutualidad de Previsión Social y en el Impuesto sobre Actividades Económicas en la Comunidad Foral de Navarra.
    2. No haber cesado en su actividad, pero acreditar que su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la ayuda se haya visto reducida en al menos un 30 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior.

La ayuda directa de 700 euros señalada anteriormente podrá ser ampliada hasta un importe total de 800 euros siempre que la suma de los ingresos de los miembros de la unidad familiar (incluidos los del propio solicitante de la ayuda) a la que pertenezca la persona autónoma no supere, mientras dure el estado de alarma, los siguientes importes:

      1. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).
      2. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.
      3. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.
      4. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.
  • Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda tendrán derecho igualmente a la ayuda directa extraordinaria de 2.200 euros, siempre que reúnan los requisitos establecidos, a excepción del alta en el Impuesto de Actividades Económicas por su condición de cooperativistas. De la misma manera podrán ser beneficiarios de esta ayuda, en los mismos términos, los autónomos societarios, trabajadores en sociedades mercantiles o en entidades sin personalidad jurídica.

 

Procedimiento. El reconocimiento de las ayudas directas extraordinarias reguladas en este apartado podrá solicitarse hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del estado de alarma. Dicha solicitud deberá presentarse telemáticamente. El Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, de acuerdo con la solicitud presentada y los documentos en su caso aportados, dictará la resolución provisional que sea procedente, estimando o desestimando el derecho, en el plazo de 3 meses a contar desde la solicitud. Con posterioridad, se procederá a revisar las resoluciones provisionales adoptadas y el cumplimiento de los requisitos exigidos. En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la totalidad o parte de la ayuda, se tramitará la correspondiente reclamación de las cantidades indebidamente percibidas.

Acreditación de la reducción de la facturación. La acreditación de la reducción de la facturación a que se refiere la letra b) del apartado 2 anterior, se realizará mediante la aportación de la información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos.

Aquellos trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 30% exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

La acreditación del cumplimiento del resto de requisitos exigidos en los apartados anteriores deberá realizarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

Toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se haga constar que se cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a esta prestación.

Compatibilidad con otras ayudas. Finalmente señalar que las ayudas directas extraordinarias previstas anteriormente serán compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administraciones o entes, públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que el importe total de las ayudas no supere el límite de intensidad fijado en el artículo 16.3 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones o en último término la facturación mensual media del solicitante en el año 2019.

 

Financiación de la investigación científica y técnica.

El Gobierno de Navarra autorizará la financiación o cofinanciación, en su caso, las propuestas que habiendo recibido una valoración favorable por parte del Comité-Científico responsable de la evaluación de propuestas de investigación en COVID19 y SARS-CoV-2, no hayan recibido financiación o la hayan recibido de forma parcial por parte del Instituto de Salud Carlos III en las ayudas convocadas para la financiación de proyectos de investigación con cargo al FONDO – COVID19.

Las propuestas deben ser adecuadas a la situación de urgencia y, por tanto, que permitan una implementación y puesta en marcha inmediata en el Sistema Nacional de Salud, con resultados concretos, tempranos y oportunos a la situación actual.

 

Coordinación Ejecutiva de todos los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de Navarra.

El Gobierno de Navarra, a través del Servicio de Salud Laboral del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, ejercerá la coordinación ejecutiva de todos los servicios de Prevención, propios y ajenos, de Navarra, en relación con el COVID 19.

Así mismo, las empresas y personas que desarrollan trabajo autónomo que no dispongan de Servicio de Prevención contarán con el asesoramiento del personal técnico del Servicio de Salud Laboral (ISPLN) y de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

 

Otras medidas urgentes

  • Modificación del apartado 5 del artículo 15 de la Ley Foral 6/2020, de 6 de abril que pasa a señalar lo siguiente:

Los expedientes de contratación relativos a suministros de aprovisionamiento y compra de equipamiento derivados del COVID-19 que deban tramitarse por el procedimiento de emergencia establecido en el artículo 140 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, estarán exentos de intervención previa, incluyéndose las órdenes de pago a justificar, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del número 1 del citado precepto que deberá cumplirse y del control financiero permanente al que, con carácter general, se hallan sometidos los actos a los que no se haya extendido la función interventora, conforme a lo establecido en los artículos 104 y siguientes de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.

Idéntico régimen se aplicará a cualquier otro expediente de contratación motivado por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, conexo o no con los contemplados en el párrafo anterior, que deba tramitarse por el procedimiento de emergencia.

 

  • Modificación del artículo 2 de la Ley Foral 7/2020, que pasa a señalar lo siguiente:

1.- Los contratos públicos que tengan por objeto servicios y suministros de prestación sucesiva, vigentes a la entrada en vigor de esta ley foral, celebrados por las entidades sometidas a la normativa de contratación pública vigente en la Comunidad Foral de Navarra en el momento de la adjudicación de cada contrato, cuya ejecución devenga total o parcialmente imposible como consecuencia de la situación creada por el COVID-19 o de las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo, quedarán automáticamente suspendidos, en la parte cuya ejecución devenga imposible, desde que se produjera la situación de hecho, o de derecho, que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.

Con independencia de que un contrato de los citados en el párrafo anterior se halle suspendido o no, cuando al vencimiento del mismo no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación como consecuencia de la paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, y no pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo expediente.

2.- En los contratos públicos que tengan por objeto servicios y suministros distintos de los referidos en el punto anterior, vigentes a la entrada en vigor de esta ley foral, celebrados por las entidades sometidas a la normativa de contratación pública vigente en la Comunidad Foral de Navarra en el momento de la adjudicación de cada contrato, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, cuando el contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato como consecuencia del COVID-19 o de las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo, y el mismo ofrezca el cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso, el órgano de contratación le concederá una ampliación de plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro menor. La ampliación del plazo se concederá previo informe de la unidad gestora del contrato, donde se determine que el retraso no es por causa imputable al contratista, sino que se ha producido como consecuencia de la crisis del COVID-19.

3.- En los contratos públicos que tengan por objeto obras, vigentes a la entrada en vigor de este Decreto-ley Foral, que celebren las entidades sometidas a la normativa de contratación pública vigente en la Comunidad Foral de Navarra en el momento de la adjudicación de cada contrato, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas, y cuando esta situación genere la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato, el mismo podrá suspenderse desde que se produjera la situación de hecho o de derecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.

En los supuestos recogidos en los párrafos 1 a 3 anteriores no procederá la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato. Además, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo segundo de este punto, serán indemnizables los siguientes conceptos:

1.º Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión. A estos efectos, debe entenderse que los gastos salariales incluyen todas las cotizaciones a la Seguridad Social que correspondan.

En los contratos de servicios o suministros a que se refiere el párrafo segundo de este apartado, el derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-19, no excederá del límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato, IVA incluido.

En los contratos de obras los gastos salariales a abonar, siguiendo el VI convenio colectivo general del sector de la construcción 2017-2021, publicado el 26 de septiembre de 2017, o convenios equivalentes pactados en otros ámbitos de la negociación colectiva, serán el salario base referido en el artículo 47.2.a del convenio colectivo del sector de la construcción, el complemento por discapacidad del artículo 47.2.b del referido convenio, las gratificaciones extraordinarias del artículo 47.2.b y la retribución de vacaciones, o sus conceptos equivalentes respectivos pactados en otros convenios colectivos del sector de la construcción.

En todo caso, los gastos deberán corresponder al personal indicado que estuviera adscrito a la ejecución ordinaria del contrato antes del 14 de marzo y continúe adscrito cuando se reanude.

2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de suspensión del contrato.

3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido y su importe sea inferior al coste de la resolución de tales contratos de alquiler o mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos.

4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato.

El reconocimiento del derecho a las indemnizaciones y al resarcimiento de daños y perjuicios que se contempla en este apartado únicamente tendrá lugar cuando el contratista principal acredite fehacientemente que se cumplen las siguientes condiciones:

  • Que él mismo, los subcontratistas, proveedores y suministradores que hubiera contratado para la ejecución del contrato estaban al corriente del cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo de 2020.
  • Que él mismo estaba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago a sus subcontratistas y suministradores en los términos previstos en el artículo 153 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, a fecha 14 de marzo de 2020.

La aplicación de lo dispuesto en este punto solo procederá cuando el órgano de contratación, en el plazo de cinco días naturales desde que así lo inste el contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato en los términos inicialmente pactados, como consecuencia de la situación descrita en los párrafos 1 a 3 de este apartado. Con esta finalidad el contratista deberá dirigir su solicitud al órgano de contratación reflejando: las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible, el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro contrato, así como la realidad, efectividad y cuantía de dichos gastos, y el mantenimiento del empleo adscrito a la ejecución del contrato durante todo el periodo objeto de la solicitud. En caso de que entre el personal citado en la solicitud se encuentren personas afectadas por el permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, previsto en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, el abono de los gastos salariales de dichas personas no tendrá carácter de indemnización sino de abono a cuenta por la parte correspondiente a las horas que sean objeto de recuperación conforme a lo previsto en el artículo tres del mismo, que se tendrán en cuenta en la liquidación final del contrato.

Las circunstancias que se pongan de manifiesto en la solicitud podrán ser objeto de posterior comprobación. Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al contratista, esta deberá entenderse desestimatoria.

En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios vigentes a la entrada en vigor de esta ley foral, celebrados por las entidades sometidas a la normativa de contratación pública vigente en la Comunidad Foral de Navarra en el momento de la adjudicación de cada contrato, la situación de hecho o de derecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.

Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante el período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. Solo se procederá a dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente por parte del concesionario de la realidad, efectividad e importe de dichos gastos.

La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del concesionario, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo.

Lo previsto en los párrafos 1 y 2 de este apartado no será de aplicación en ningún caso a los siguientes contratos:

  1. De servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, cuyo objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

  2. De mantenimiento de sistemas informáticos.

  3. De servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.

El régimen previsto en este apartado se entiende sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como autoridad delegada competente designada en el artículo 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para garantizar las prestaciones necesarias en orden a la protección de personas, bienes y lugares. Dichas medidas podrán implicar, entre otras, una modificación de los supuestos en los que procede la suspensión de los contratos.

En el caso en el que el órgano de contratación modifique un contrato para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Gobierno de Navarra para hacer frente al COVID-19, al amparo de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 15 de la Ley Foral 6/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) los precios de las nuevas unidades no comprendidas en el contrato inicial o cuyas características difieran sustancialmente de ellas se fijarán por el órgano de contratación y serán obligatorios para el contratista. Finalizado el estado de alarma, el expediente de modificación se tramitará conforme a lo previsto en el artículo 143.1 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

En estos mismos supuestos, cuando la modificación suponga la reducción del número de unidades inicialmente previstas en el contrato, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

Las medidas previstas en los apartados anteriores serán de aplicación también a los conciertos sociales en los ámbitos de salud y servicios sociales, a los encargos a entes instrumentales y a los casos de contratos públicos finalizados, en los que, en la fecha de declaración del estado de alarma y a requerimiento de la Administración, por razones de interés público, el contratista continuara prestando los servicios o suministros objeto del contrato ya finalizado, o los prestara por renuncia del contratista inicial.

 

  • Modificación del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Con efectos desde la entrada en vigor de la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, se añade un párrafo al Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que señala lo siguiente:

Quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados, las escrituras públicas de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, siempre que tengan su fundamento en los supuestos regulados en los artículos 7 a 16 del citado Real Decreto-ley, referentes a la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual.

 

  • Medidas en materia de subvenciones.

Las convocatorias y concesiones de subvenciones anteriores al momento de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, podrán ser modificadas para ampliar los plazos de ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, de justificación y comprobación de dicha ejecución, aunque no se hubiera contemplado en las correspondientes bases reguladoras.

A estos efectos, el órgano competente deberá justificar únicamente la imposibilidad de realizar la actividad subvencionada durante la vigencia del estado de alarma, así como la insuficiencia del plazo que reste tras su finalización para la realización de la actividad subvencionada o su justificación o comprobación.

En el supuesto de subvención con anticipo de pago realizados efectivamente sobre la subvención concedida, cuando estén expresamente previstos en las correspondientes bases reguladoras, y que por motivos relacionados con el COVID-19 no se puedan realizar por imposibilidad sobrevenida, en el procedimiento de reintegro no se exigirá los costes por demora.

La adopción de estas modificaciones no está sujeta a los requisitos previstos en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y no afecta a la suspensión de los plazos establecida en el apartado 1 de la mencionada disposición adicional.

Se añade el siguiente apartado 5 al artículo 3 de la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), que señala lo siguiente:

Cuando las subvenciones con cargo a partidas nominativas previstas en los Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 2020 no hayan sido concedidas en la fecha de la declaración del estado de alarma, y como consecuencia del mismo la actividad que se preveía subvencionar haya devenido en todo o en parte de imposible cumplimiento, se contemplará en la concesión de la subvención la posibilidad de subvencionar los conceptos relacionados en el apartado 3 del artículo 3 al que nos hemos referido, siempre que se justifiquen en el expediente los extremos señalados en el apartado 4.

 

Como siempre, esperamos que les haya sido de utilidad esta información, y quedamos a su disposición para resolver cuantas dudas hayan podido suscitarse.

 

Un breve comentario sobre las últimas modificaciones tributarias

Nuestro compañero David Asín, abogado miembro del Departamento Fiscal de ARPA Abogados Consultores ha escrito un artículo de opinión sobre las últimas modificaciones tributarias que fue publicado en Navarra Capital el pasado 22 de enero.

 

El pasado 31 de diciembre de 2019 se publicaron en el B.O.N. diversas modificaciones tributarias introducidas a través de tres leyes forales.

Esta reforma fiscal no recoge cambios de gran calado salvo en el Impuesto sobre el Patrimonio, donde se sustituye, por fin, el sistema de deducción de bienes empresariales por el de exención.

En primer lugar, y en virtud de la Ley Foral 29/2019, en el ámbito del IRPF, se eleva el límite exento de 30.000 a 60.000 euros anuales para los rendimientos del trabajo obtenidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero. La drástica y desproporcionada rebaja del límite exento realizada en su día a 30.000 euros anuales por el observado mal uso del incentivo, que estaba y está supeditado al cumplimiento de una serie de requisitos, se corrige afortunadamente con la elevación del límite exento (similar al vigente en el resto de España).

Asimismo, se declaran exentos, hasta un máximo de 20.000 euros, los importes satisfechos por las empresas a sus trabajadores para la adquisición de participaciones de la empresa en la que presten sus servicios o de las de cualquiera de las sociedades del grupo mercantil.  

Por otra parte, se establece la tributación del “carried interest” como rendimientos del capital mobiliario, se deflacta un 2% la tarifa aplicable a la base liquidable general y se deroga la deducción por aportaciones al capital o a los fondos propios de entidades de capital riesgo.

En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, se reconoce el “carried interest” como retribución de los fondos propios; se elimina la posibilidad de materializar la exención por reinversión de beneficios extraordinarios en la adquisición de valores; se adicionan determinados intangibles cuya cesión pueden dar derecho a la reducción de rentas procedentes de los mismos y se prorroga la limitación de compensación de bases imponibles negativas para empresas cuya cifra de negocios sea igual o superior a 20.000.000 euros. A nivel de deducciones, se excluyen de la deducción por patrocinio aquellos contratos que publiciten el juego, las apuestas o los operadores de juego y se introducen modificaciones y aclaraciones respecto a la deducción por creación de empleo. Además, para favorecer la financiación de proyectos de I+D+i y de producciones cinematográficas y series audiovisuales, se permite presentar ante la administración tributaria el contrato de financiación antes de la finalización del periodo impositivo en que se haya generado la deducción que se va a ceder. Esta flexibilidad se espera que resuelva el problema práctico que había surgido en el 2019 en el ámbito de las producciones cinematográficas y obras audiovisuales y permita aprovechar a los financiadores navarros esta deducción que, por otro lado, es la única plenamente exceptuada de la tributación mínima.

Por otra parte, la Ley Foral 30/2019 recoge una nueva deducción, aplicable únicamente en el año 2020, por prestaciones de maternidad y paternidad percibidas (sujetas y no exentas) entre 2015 y 2018. La deducción resulta de aplicar al importe de la o las prestaciones percibidas (teniendo como límite la base de deducción la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social), unos porcentajes que decrecen en función de las rentas percibidas (incluidas las exentas) por el sujeto pasivo en 2020, siendo el porcentaje máximo de deducción del 25%, no siendo aplicable deducción alguna a partir de 105.000 euros de renta. Se aplica la deducción sobre la cuota diferencial, siendo posible, incluso, su devolución.

Por último, la Ley Foral 31/2019 restablece la exención, bajo el cumplimiento de una serie de requisitos, del patrimonio empresarial en el ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio. Esta medida, tan reclamada y esperada, equipara, por fin, en este punto, la normativa navarra a la del resto de España ya que hasta la fecha el patrimonio empresarial y familiar únicamente estaba gravado en Navarra. A pesar de haberse corregido esta discriminación tan palmaria, aún existen diferencias respecto a otras CC.AA. que, por ejemplo, por la aplicación del mínimo exento o el escudo fiscal, presentan un Impuesto sobre el Patrimonio menos gravoso. Por tanto, sería interesante explorar otras modificaciones en el futuro en este Impuesto con objeto de evitar posibles deslocalizaciones.

En conclusión, y con carácter general, los cambios fiscales programados para el 2020 no han sido de gran calado, si bien algunos han revertido algunas medidas tributarias que eran más gravosas en Navarra y discriminatorias frente al resto de España. Sería deseable que continuase la senda de reformas para devolver al régimen tributario navarro sus cualidades tradicionales y perfectamente compatibles de suficiencia y competitividad.

 

Podéis consultar aquí la versión publicada en Navarra Capital.

Modelo 720: La Comisión Europea decide denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo

El día 6 de junio se ha tenido conocimiento de la decisión de la Comisión Europea de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación al régimen del ya conocido Modelo 720, sobre declaración de bienes y derechos en el extranjero, considerado como un régimen que vulnera gravemente varios derechos, entre ellos, la libre circulación de bienes y personas en Europa, así como la legislación interna española.

Probablemente nos encontremos ante la noticia más importante sobre la dura crítica que ha recibido España acerca de este régimen durante los últimos años y desde el año 2012 en el que apareció el modelo 720.  No solo se cuestionan las sanciones excesivas (150%) que se imponen a aquellos contribuyentes que no presentan el modelo, o lo hacen fuera de plazo, sino que al parecer estas sanciones no tienen prevista prescripción alguna.     

Fue en febrero de 2017 cuando la Unión Europea emitió un dictamen en el que criticaba la actuación de España en este tema, además de instarle a modificar este régimen, dictamen que estuvo escondido durante más de un año y que vio la luz recientemente y al que se hizo caso omiso.  Con esta denuncia al Tribunal de Justicia, debemos esperar a su decisión para saber qué ocurrirá con este régimen en España, si seguirá vigente según su configuración actual o se modifica ajustándolo a Derecho, y además, si finalmente los contribuyentes que se han visto afectados por él ven una posible rectificación, anulación o devolución de las sanciones impuestas.

 

 

Notificaciones electrónicas: Orden foral 50/2019, del Consejero de Hacienda y Política Financiera

En relación con el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, y conforme a las últimas modificaciones normativas en cuanto al uso de las notificaciones electrónicas, la última de ellas, la inclusión de determinados colectivos de personas y entidades en la obligación de recibir sus notificaciones por estos medios, se publica esta Orden por la que se regula la prestación del servicio de la notificación electrónica en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, así como la posibilidad de que los obligados tributarios puedan señalar días en los que no se pondrán notificaciones en la dirección electrónica habilitada.

Esta modificación intenta explicar el sistema de notificaciones en lo que se refiere aquellas enviadas por Hacienda Navarra y al que los contribuyentes quisieran suscribirse voluntariamente.  Para poder recibirlas, será necesario contar con una Dirección Electrónica Habilitada y suscribirse al procedimiento correspondiente a las notificaciones del Gobierno de Navarra.  De la misma forma, en caso de haberse incluido voluntariamente y querer ser excluidos de este procedimiento, deberá solicitarse la baja a través de la misma Dirección Electrónica Habilitada. 

Este supuesto es diferente de aquél en el que la inclusión en el sistema de notificaciones electrónicas es obligatoria, como para la mayoría de sociedades y últimamente algunos profesionales, ya que en esos casos la Dirección Electrónica Habilitada fue asignada de oficio a menos que el contribuyente ya contara con una previamente.  Además, en estos casos de inclusión obligatoria, no está permitida la baja en el sistema, salvo que se prevea por parte de Hacienda Navarra la exclusión, a petición del interesado, cuando dejen de concurrir en él las circunstancias que determinaron su inclusión en el sistema.

En esta orden también se regula un sistema de avisos de notificaciones a través de una dirección de correo electrónico para estos casos, tal y como se viene haciendo para aquellos contribuyentes que están obligados a recibir sus notificaciones por este sistema, y al igual que ellos, podrán acceder a su contenido dentro del plazo de 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación en la Dirección electrónica Habilitada o Carpeta Ciudadana, así como, en el mismo plazo, rechazar la notificación de forma expresa.

 

 

Decreto Foral 17/2019 que regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra

DECRETO FORAL 17/2019, de 6 de marzo, por el que se modifica el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra (Boletín Nº 54 – 20 de marzo de 2019).

Esta materia se regula desde hace varios años en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria De Navarra, y la obligación de utilización de estos medios se aprobó en 2017 con efectos a partir del 1 de enero de 2018 (aunque formalmente la plataforma estuvo habilitada en el mes de abril) con la implantación de la Dirección Electrónica Habilitada (DEH), tal y como les informamos en nuestro boletín de 11 de abril de 2018 (https://www.arpa.es/notificaciones-electronicas/). 

Entre las modificaciones que consideramos más relevantes mencionamos:

  • Quedarán comprendidos en el ámbito del Decreto Foral 50/2006 regulador del uso de estos medios electrónicos, aquellos trámites y procedimientos que se encuentren efectivamente operativos en cada momento, y cuya relación estará a disposición de las personas y entidades interesadas en la página web de Hacienda Navarra, así como el cumplimiento de lo regulado en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en relación a la protección de la información personal de los notificados, el suministro y la conservación de documentos electrónicos.  Se regula también la utilización de sistemas de firma electrónica.
  • Se añade una mención en la que se establece que las notificaciones por medios electrónicas reunirán “los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para la práctica de notificaciones administrativas electrónicas con plena validez y eficacia, y en especial los siguientes:
    •  Acreditará la fecha y hora en que se produce la puesta a disposición de la persona o entidad interesada del acto objeto de notificación.
    •  Acreditará la fecha y hora de acceso a su contenido.
    • Poseerá mecanismos de autenticación para garantizar la exclusividad de su uso y la identidad del usuario.
  • Asimismo, y respecto a las notificaciones electrónicas a personas físicas, estas se llevarán a cabo por medios electrónicos si éstas así lo hubieran solicitado o si estas notificaciones fueran obligatorias en virtud de lo establecido en el propio decreto, en sus artículos 30 y 31, que regulan los sujetos pasivos obligados a recibir notificaciones electrónicas.

En este aspecto, debemos mencionar que se incluye en este listado de sujetos pasivos a aquellos que sean contribuyentes del Impuesto Especial sobre la Electricidad, de los Impuestos sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas, y del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y que antes no se encontraban mencionados expresamente (artículo 31.1.8º), además de incluir a aquellos sujetos pasivos que realicen una actividad profesional y estén dados de alta en las Agrupaciones 41, 42 y 73 ó en los grupos 722, 723, 726, 741, 747, 831, 832, 833, 834 y 835 de la Sección Segunda del Anexo I de la Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo, por la que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal.

Agrupaciones

41 Arquitectos e Ingenieros Superiores de Caminos, Canales y Puertos

42 Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos en la Construcción

73 Profesionales del Derecho

Grupos

722 Gestores administrativos

723 Administradores de fincas

726 Graduados Sociales

741 Economistas

747 Auditores de cuentas y Censores jurados de cuentas

831 Médicos de Medicina General

832 Médicos Especialistas (excluidos Estomatólogos y Odontólogos)

833 Estomatólogos

834 Odontólogos

835 Farmacéuticos

  • Es importante mencionar que en el texto anterior de este Decreto Foral se regulaba en el artículo 32.bis (ahora artículo 32) que Hacienda Tributaria de Navarra debería notificar a los sujetos obligados su inclusión en el sistema de notificaciones electrónicas obligatorias, a través de medios no electrónicos, como cartas certificadas que ha venido enviando a aquellos incluidos en este sistema. Éste apartado se elimina en el nuevo texto del Decreto Foral, por lo que aquellos contribuyentes obligados no van a recibir la previa notificación de su inclusión en el sistema de notificaciones electrónicas obligatorias.
  • Por otro lado, se incluye la mención de la posibilidad de exclusión del obligado tributario cuando dejaren de concurrir en él las circunstancias que determinaron su inclusión en el mismo, siempre que así lo solicite en la página web de Hacienda Tributaria de Navarra teniendo efectos inmediatos.
  • Por regla general, las notificaciones se realizarán por medios electrónicos, y sólo en algunos casos se efectuará la notificación por medios no electrónicos, por ejemplo, cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del obligado o su representante en las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra y solicite la notificación personal en ese momento, o cuando la notificación electrónica resulte incompatible con la inmediatez o celeridad que requiera la actuación administrativa para asegurar su eficacia.
  • Asimismo, en ningún caso se podrá notificar telemáticamente en supuestos tasados, por ejemplo, aquellos en los cuales el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico, cuando deban practicarse notificaciones mediante personación en el domicilio fiscal del obligado o en otro lugar señalado al efecto por la normativa específica o en cualquier otra forma no electrónica, entre otros (Artículo 30, apartados 1,2 y 4).
  •  Finalmente, mencionar que estos extremos podrán ser desarrollados mediante la publicación de una Orden Foral al respecto por parte de la persona titular del Departamento competente en materia tributaria, y que estas modificaciones entrarán en vigor a partir del mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

 

Modelo 720: Las declaraciones voluntarias de bienes en el extranjero se quedan sin sanción

Como bien sabemos, el Modelo 720 – Declaración de bienes en el extranjero, es un modelo informativo nacido en el año 2012, que debe ser presentado por parte de los contribuyentes para dar conocimiento de los bienes que se tengan en el extranjero, y que superen, de manera individual, el valor de 50.000 euros.  La falta de presentación del mismo, que conlleva la imposición de sanciones pecuniarias con un mínimo de 10.000 €.

Recientemente ha salido a la luz el Dictamen de la Comisión Europea de febrero de 2017, en el que dice que las sanciones por incumplir con esta obligación son desproporcionadas, y que España debería modificar la normativa que viene aplicando.

Siendo esta la situación, y casi dos años después, parece inevitable que España tome cartas en el asunto e inicie el procedimiento correspondiente para modificar la regulación del Modelo 720 en base a lo manifestado por la Comisión Europea.

Entretanto, el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ha anunciado recientemente que aquellos contribuyentes que presenten su declaración de manera espontánea «en principio no tendrían por qué tener consecuencias sancionadoras, caso distinto de aquellos contribuyentes a los que se les realiza una actuación de comprobación y se les practica una liquidación». 

Asimismo, se va a informar a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas (IRPF), mediante la introducción de alertas, sobre las cuentas financieras que tienen en el extranjero sin declarar, para que regularicen su situación, cosa que deberán hacer por propia voluntad antes de que la AEAT les exija que lo hagan.

Quedamos a la espera de ver cómo la Hacienda Tributaria de Navarra reacciona al respecto.

Deducción por creación de empleo

El pasado 11 de septiembre de 2018 se publicó en el BON la Orden Foral 108/2018, de 10 de agosto, por la que se desarrolla la forma de determinar la regularización de esta deducción.

Esta orden foral establece, en su artículo 1, la forma de determinar la deducción por creación de empleo, y recoge, en sus apartados 1 y 2, la regularización correspondiente a cada uno de los periodos de doce meses siguientes al periodo de generación de la deducción. Así, en el caso de que cualquiera de las plantillas medias del ejercicio de generación de la deducción por creación de empleo (esto es, de mujeres, de hombres y de personas discapacitadas) sea superior a la que corresponda en cualquiera de esos periodos de regularización de doce meses siguientes, deberá volver a calcularse la deducción con los nuevos datos de las plantillas indefinidas que hayan disminuido, recalculando la plantilla indefinida total pero manteniendo la plantilla total del periodo de generación de la deducción.

El artículo 2 establece los datos a tener en cuenta a efectos del cálculo de la deducción por creación de empleo de cualquier periodo impositivo en que se haya realizado una regularización: se tomarán los datos del periodo de los 12 meses anteriores que resulten de la regularización o regularizaciones realizadas previamente, recalculando también la plantilla total.

A este respecto, el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra ha emitido la Comunicación 1/2018, de 17 de septiembre, en la que se plantean y resuelven seis ejemplos que pretenden ilustrar la manera de calcular la deducción, así como las posibles regularizaciones de la misma, con objeto de dar a conocer los criterios interpretativos de la Hacienda Tributaria de Navarra en relación con la mencionada deducción.

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