Entradas de la etiqueta: laboral

Repositorio de toda la información sobre el COVID-19 actualizada.

Les informamos que tienen a su disposición todas las circulares remitidas por ARPA Accounting, con la normativa emitida por las distintas administraciones, y relacionada con la crisis del COVID-19  por orden cronológico y ordenada en función del ámbito al que hacen referencia: 

 

 

LABORAL

Subir arriba↑

FISCAL

Subir arriba↑

 

CONTRATACIÓN PUBLICA

 

ECONÓMICO

Subir arriba↑

SOCIETARIO

 

JURÍDICO

Subir arriba↑

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL

 

CORPORATE COMPLIANCE

Subir arriba↑

GENERAL

 

PROCESAL-CONCURSAL

Subir arriba↑

El Gobierno de Navarra aprueba un tercer paquete de medidas para responder al impacto generado por el COVID-19.

Hoy ha sido publicado en el Boletín Oficial de Navarra el Decreto-Ley Foral 3/2020, de 15 de abril, aprobado ayer por el Gobierno de Navarra, que recoge un nuevo paquete de medidas para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del COVID-19.

En este decreto-ley foral se recogen, entre otras medidas, ayudas directas al colectivo de autónomos, la financiación de la investigación científica y técnica, la financiación de los servicios sociales o la coordinación ejecutiva de la salud laboral en las empresas por parte del Gobierno de Navarra.

A continuación, recogemos algunas de esas medidas, que consideramos especialmente relevantes, agrupadas por las diferentes temáticas mencionadas:

 

Ayudas directas para el colectivo de autónomos.

  • Tendrán derecho a una ayuda directa extraordinaria de 2.200 euros los trabajadores autónomos a los que les haya sido reconocida la prestación extraordinaria por cese de actividad establecida Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y siempre que cumplan los siguientes requisitos para causar derecho a la misma:
    • Tener su residencia habitual en territorio navarro y estar en alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en la Comunidad Foral de Navarra en la fecha de declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

    • Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra y en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

    • No haber solicitado ayudas por promoción de empleo autónomo en el año 2020.

    • No haber tenido la obligación de tributar, con resultado de cuota a ingresar, por el Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente al ejercicio 2018.

    • Que la suma de los ingresos de los miembros de la unidad familiar (incluidos los del propio trabajador autónomo) a la que pertenezca la persona autónoma no supere, mientras dure el estado de alarma, los siguientes importes:

      1. Con carácter general, el límite de cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).

      2. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.

      3. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

      4. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto será de cinco veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.

    • Permanecer en alta como autónomo en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y en el Impuesto sobre Actividades Económicas en la Comunidad Foral de Navarra durante 12 meses a partir de la finalización de la referida prestación prevista en el Real Decreto-ley 8/2020. Si se incumple dicha obligación de permanencia en alta, el perceptor deberá reintegrar la parte proporcional de la ayuda correspondiente al período de tiempo incumplido.
  • Los trabajadores autónomos que no se hubieran acogido a la prestación extraordinaria por cese de actividad establecida en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, tendrán derecho a una ayuda directa extraordinaria de 700 euros siempre que, además de cumplir los establecidos en los 5 primeros  requisitos señalados anteriormente, cumplan los siguientes requisitos:
    1. Permanecer en alta en todo momento como autónomo en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o en una Mutualidad de Previsión Social y en el Impuesto sobre Actividades Económicas en la Comunidad Foral de Navarra.
    2. No haber cesado en su actividad, pero acreditar que su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la ayuda se haya visto reducida en al menos un 30 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior.

La ayuda directa de 700 euros señalada anteriormente podrá ser ampliada hasta un importe total de 800 euros siempre que la suma de los ingresos de los miembros de la unidad familiar (incluidos los del propio solicitante de la ayuda) a la que pertenezca la persona autónoma no supere, mientras dure el estado de alarma, los siguientes importes:

      1. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).
      2. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.
      3. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.
      4. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.
  • Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda tendrán derecho igualmente a la ayuda directa extraordinaria de 2.200 euros, siempre que reúnan los requisitos establecidos, a excepción del alta en el Impuesto de Actividades Económicas por su condición de cooperativistas. De la misma manera podrán ser beneficiarios de esta ayuda, en los mismos términos, los autónomos societarios, trabajadores en sociedades mercantiles o en entidades sin personalidad jurídica.

 

Procedimiento. El reconocimiento de las ayudas directas extraordinarias reguladas en este apartado podrá solicitarse hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del estado de alarma. Dicha solicitud deberá presentarse telemáticamente. El Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, de acuerdo con la solicitud presentada y los documentos en su caso aportados, dictará la resolución provisional que sea procedente, estimando o desestimando el derecho, en el plazo de 3 meses a contar desde la solicitud. Con posterioridad, se procederá a revisar las resoluciones provisionales adoptadas y el cumplimiento de los requisitos exigidos. En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la totalidad o parte de la ayuda, se tramitará la correspondiente reclamación de las cantidades indebidamente percibidas.

Acreditación de la reducción de la facturación. La acreditación de la reducción de la facturación a que se refiere la letra b) del apartado 2 anterior, se realizará mediante la aportación de la información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos.

Aquellos trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 30% exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

La acreditación del cumplimiento del resto de requisitos exigidos en los apartados anteriores deberá realizarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

Toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se haga constar que se cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a esta prestación.

Compatibilidad con otras ayudas. Finalmente señalar que las ayudas directas extraordinarias previstas anteriormente serán compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administraciones o entes, públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que el importe total de las ayudas no supere el límite de intensidad fijado en el artículo 16.3 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones o en último término la facturación mensual media del solicitante en el año 2019.

 

Financiación de la investigación científica y técnica.

El Gobierno de Navarra autorizará la financiación o cofinanciación, en su caso, las propuestas que habiendo recibido una valoración favorable por parte del Comité-Científico responsable de la evaluación de propuestas de investigación en COVID19 y SARS-CoV-2, no hayan recibido financiación o la hayan recibido de forma parcial por parte del Instituto de Salud Carlos III en las ayudas convocadas para la financiación de proyectos de investigación con cargo al FONDO – COVID19.

Las propuestas deben ser adecuadas a la situación de urgencia y, por tanto, que permitan una implementación y puesta en marcha inmediata en el Sistema Nacional de Salud, con resultados concretos, tempranos y oportunos a la situación actual.

 

Coordinación Ejecutiva de todos los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de Navarra.

El Gobierno de Navarra, a través del Servicio de Salud Laboral del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, ejercerá la coordinación ejecutiva de todos los servicios de Prevención, propios y ajenos, de Navarra, en relación con el COVID 19.

Así mismo, las empresas y personas que desarrollan trabajo autónomo que no dispongan de Servicio de Prevención contarán con el asesoramiento del personal técnico del Servicio de Salud Laboral (ISPLN) y de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

 

Otras medidas urgentes

  • Modificación del apartado 5 del artículo 15 de la Ley Foral 6/2020, de 6 de abril que pasa a señalar lo siguiente:

Los expedientes de contratación relativos a suministros de aprovisionamiento y compra de equipamiento derivados del COVID-19 que deban tramitarse por el procedimiento de emergencia establecido en el artículo 140 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, estarán exentos de intervención previa, incluyéndose las órdenes de pago a justificar, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del número 1 del citado precepto que deberá cumplirse y del control financiero permanente al que, con carácter general, se hallan sometidos los actos a los que no se haya extendido la función interventora, conforme a lo establecido en los artículos 104 y siguientes de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.

Idéntico régimen se aplicará a cualquier otro expediente de contratación motivado por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, conexo o no con los contemplados en el párrafo anterior, que deba tramitarse por el procedimiento de emergencia.

 

  • Modificación del artículo 2 de la Ley Foral 7/2020, que pasa a señalar lo siguiente:

1.- Los contratos públicos que tengan por objeto servicios y suministros de prestación sucesiva, vigentes a la entrada en vigor de esta ley foral, celebrados por las entidades sometidas a la normativa de contratación pública vigente en la Comunidad Foral de Navarra en el momento de la adjudicación de cada contrato, cuya ejecución devenga total o parcialmente imposible como consecuencia de la situación creada por el COVID-19 o de las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo, quedarán automáticamente suspendidos, en la parte cuya ejecución devenga imposible, desde que se produjera la situación de hecho, o de derecho, que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.

Con independencia de que un contrato de los citados en el párrafo anterior se halle suspendido o no, cuando al vencimiento del mismo no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación como consecuencia de la paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, y no pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo expediente.

2.- En los contratos públicos que tengan por objeto servicios y suministros distintos de los referidos en el punto anterior, vigentes a la entrada en vigor de esta ley foral, celebrados por las entidades sometidas a la normativa de contratación pública vigente en la Comunidad Foral de Navarra en el momento de la adjudicación de cada contrato, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, cuando el contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato como consecuencia del COVID-19 o de las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo, y el mismo ofrezca el cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso, el órgano de contratación le concederá una ampliación de plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro menor. La ampliación del plazo se concederá previo informe de la unidad gestora del contrato, donde se determine que el retraso no es por causa imputable al contratista, sino que se ha producido como consecuencia de la crisis del COVID-19.

3.- En los contratos públicos que tengan por objeto obras, vigentes a la entrada en vigor de este Decreto-ley Foral, que celebren las entidades sometidas a la normativa de contratación pública vigente en la Comunidad Foral de Navarra en el momento de la adjudicación de cada contrato, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas, y cuando esta situación genere la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato, el mismo podrá suspenderse desde que se produjera la situación de hecho o de derecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.

En los supuestos recogidos en los párrafos 1 a 3 anteriores no procederá la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato. Además, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo segundo de este punto, serán indemnizables los siguientes conceptos:

1.º Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión. A estos efectos, debe entenderse que los gastos salariales incluyen todas las cotizaciones a la Seguridad Social que correspondan.

En los contratos de servicios o suministros a que se refiere el párrafo segundo de este apartado, el derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-19, no excederá del límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato, IVA incluido.

En los contratos de obras los gastos salariales a abonar, siguiendo el VI convenio colectivo general del sector de la construcción 2017-2021, publicado el 26 de septiembre de 2017, o convenios equivalentes pactados en otros ámbitos de la negociación colectiva, serán el salario base referido en el artículo 47.2.a del convenio colectivo del sector de la construcción, el complemento por discapacidad del artículo 47.2.b del referido convenio, las gratificaciones extraordinarias del artículo 47.2.b y la retribución de vacaciones, o sus conceptos equivalentes respectivos pactados en otros convenios colectivos del sector de la construcción.

En todo caso, los gastos deberán corresponder al personal indicado que estuviera adscrito a la ejecución ordinaria del contrato antes del 14 de marzo y continúe adscrito cuando se reanude.

2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de suspensión del contrato.

3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido y su importe sea inferior al coste de la resolución de tales contratos de alquiler o mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos.

4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato.

El reconocimiento del derecho a las indemnizaciones y al resarcimiento de daños y perjuicios que se contempla en este apartado únicamente tendrá lugar cuando el contratista principal acredite fehacientemente que se cumplen las siguientes condiciones:

  • Que él mismo, los subcontratistas, proveedores y suministradores que hubiera contratado para la ejecución del contrato estaban al corriente del cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo de 2020.
  • Que él mismo estaba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago a sus subcontratistas y suministradores en los términos previstos en el artículo 153 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, a fecha 14 de marzo de 2020.

La aplicación de lo dispuesto en este punto solo procederá cuando el órgano de contratación, en el plazo de cinco días naturales desde que así lo inste el contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato en los términos inicialmente pactados, como consecuencia de la situación descrita en los párrafos 1 a 3 de este apartado. Con esta finalidad el contratista deberá dirigir su solicitud al órgano de contratación reflejando: las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible, el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro contrato, así como la realidad, efectividad y cuantía de dichos gastos, y el mantenimiento del empleo adscrito a la ejecución del contrato durante todo el periodo objeto de la solicitud. En caso de que entre el personal citado en la solicitud se encuentren personas afectadas por el permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, previsto en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, el abono de los gastos salariales de dichas personas no tendrá carácter de indemnización sino de abono a cuenta por la parte correspondiente a las horas que sean objeto de recuperación conforme a lo previsto en el artículo tres del mismo, que se tendrán en cuenta en la liquidación final del contrato.

Las circunstancias que se pongan de manifiesto en la solicitud podrán ser objeto de posterior comprobación. Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al contratista, esta deberá entenderse desestimatoria.

En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios vigentes a la entrada en vigor de esta ley foral, celebrados por las entidades sometidas a la normativa de contratación pública vigente en la Comunidad Foral de Navarra en el momento de la adjudicación de cada contrato, la situación de hecho o de derecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.

Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante el período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. Solo se procederá a dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente por parte del concesionario de la realidad, efectividad e importe de dichos gastos.

La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del concesionario, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo.

Lo previsto en los párrafos 1 y 2 de este apartado no será de aplicación en ningún caso a los siguientes contratos:

  1. De servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, cuyo objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

  2. De mantenimiento de sistemas informáticos.

  3. De servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.

El régimen previsto en este apartado se entiende sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como autoridad delegada competente designada en el artículo 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para garantizar las prestaciones necesarias en orden a la protección de personas, bienes y lugares. Dichas medidas podrán implicar, entre otras, una modificación de los supuestos en los que procede la suspensión de los contratos.

En el caso en el que el órgano de contratación modifique un contrato para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Gobierno de Navarra para hacer frente al COVID-19, al amparo de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 15 de la Ley Foral 6/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) los precios de las nuevas unidades no comprendidas en el contrato inicial o cuyas características difieran sustancialmente de ellas se fijarán por el órgano de contratación y serán obligatorios para el contratista. Finalizado el estado de alarma, el expediente de modificación se tramitará conforme a lo previsto en el artículo 143.1 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

En estos mismos supuestos, cuando la modificación suponga la reducción del número de unidades inicialmente previstas en el contrato, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

Las medidas previstas en los apartados anteriores serán de aplicación también a los conciertos sociales en los ámbitos de salud y servicios sociales, a los encargos a entes instrumentales y a los casos de contratos públicos finalizados, en los que, en la fecha de declaración del estado de alarma y a requerimiento de la Administración, por razones de interés público, el contratista continuara prestando los servicios o suministros objeto del contrato ya finalizado, o los prestara por renuncia del contratista inicial.

 

  • Modificación del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Con efectos desde la entrada en vigor de la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, se añade un párrafo al Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que señala lo siguiente:

Quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados, las escrituras públicas de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, siempre que tengan su fundamento en los supuestos regulados en los artículos 7 a 16 del citado Real Decreto-ley, referentes a la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual.

 

  • Medidas en materia de subvenciones.

Las convocatorias y concesiones de subvenciones anteriores al momento de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, podrán ser modificadas para ampliar los plazos de ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, de justificación y comprobación de dicha ejecución, aunque no se hubiera contemplado en las correspondientes bases reguladoras.

A estos efectos, el órgano competente deberá justificar únicamente la imposibilidad de realizar la actividad subvencionada durante la vigencia del estado de alarma, así como la insuficiencia del plazo que reste tras su finalización para la realización de la actividad subvencionada o su justificación o comprobación.

En el supuesto de subvención con anticipo de pago realizados efectivamente sobre la subvención concedida, cuando estén expresamente previstos en las correspondientes bases reguladoras, y que por motivos relacionados con el COVID-19 no se puedan realizar por imposibilidad sobrevenida, en el procedimiento de reintegro no se exigirá los costes por demora.

La adopción de estas modificaciones no está sujeta a los requisitos previstos en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y no afecta a la suspensión de los plazos establecida en el apartado 1 de la mencionada disposición adicional.

Se añade el siguiente apartado 5 al artículo 3 de la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), que señala lo siguiente:

Cuando las subvenciones con cargo a partidas nominativas previstas en los Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 2020 no hayan sido concedidas en la fecha de la declaración del estado de alarma, y como consecuencia del mismo la actividad que se preveía subvencionar haya devenido en todo o en parte de imposible cumplimiento, se contemplará en la concesión de la subvención la posibilidad de subvencionar los conceptos relacionados en el apartado 3 del artículo 3 al que nos hemos referido, siempre que se justifiquen en el expediente los extremos señalados en el apartado 4.

 

Como siempre, esperamos que les haya sido de utilidad esta información, y quedamos a su disposición para resolver cuantas dudas hayan podido suscitarse.

 

Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma

Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (artículo 17 del RDL 8/2020)

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, regula en su artículo 17 un conjunto de medidas para gestionar la prestación extraordinaria para trabajadores autónomos cuyas actividades se encuentren afectados por la declaración del estado de alarma, todo ello con la finalidad de proteger el cese temporal o disminución de la actividad provocada por una situación en todo caso involuntaria y, desde luego, no prevista.

Así mismo este artículo ha sido completado con los criterios dictados por las administraciones públicas.

 

¿Cuál es la duración de la medida?

Al tratarse de una medida excepcional su vigencia es muy reducida y se limita a un mes, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse éste durante más de un mes.

 

¿A quién va dirigida exactamente?

Se dirige a la protección de 2 situaciones:

  • Los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto.

Se trata, por ejemplo, de aquellos autónomos que han debido proceder al cierre de su establecimiento abierto al público por imposición del estado de alarma.

  • Los autónomos cuya facturación correspondiente al mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

Cabe señalar que los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos establecidos a continuación.

 

¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir?

  • Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

Como veremos a continuación, no es preciso tener la cobertura de cese de actividad.

  • En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre anterior.

  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.

 

¿Cuál será la cuantía que cobrará el autónomo que tenga acceso a esta prestación extraordinaria?

La cuantía de la prestación es del 70%, y será el promedio de las bases por las que se hubiere cotizado durante los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese.

Cabe señalar que esta prestación se reconoce aun cuando no se acredite el periodo mínimo de cotización necesaria para la prestación de cese de actividad (12 meses), siendo su cuantía del 70% de la base mínima de cotización del régimen especial de autónomos.

Tanto la cuantía mínima como las máximas se determinarán en función a lo previsto en el artículo 339 de la Ley de la Seguridad Social, regulada a través del Real Decreto-ley 8/2015, de 30 de octubre.

El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

La percepción será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social. 

 

NOVEDAD

 

El artículo 17 del RD 8/2020 ha sido complementado con el criterio 5/2020 dictado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones:

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/criterio_5-2020.pdf

A continuación, extractaremos qué introduce exactamente este criterio:

Plazo para solicitar la prestación

Debemos concretar que el plazo de un mes para solicitar la prestación finaliza a priori el 14 de abril, sin perjuicio de que si se acordara la prórroga del estado de alarma por el Gobierno puedan modificarse las medidas adoptadas (Disposición final décima del Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo).

 

Ámbito subjetivo de aplicación

Sirva recalcar que el ámbito subjetivo de aplicación del Real Decreto ley 8/2020 se corresponde con el previsto en el artículo 305 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, de modo que se podrá causar derecho a esta prestación extraordinaria, independientemente de que los autónomos hayan cotizado o no por la contingencia de cese de actividad.

El articulo 305 contempla a los denominados autónomos societarios.

 

En cuanto a los Requisitos

Los requisitos que hemos expuesto anteriormente precisan delimitar los siguientes extremos:

  1. Cuando en el primer requisito hablamos de “la fecha de la declaración del estado de alarma” nos referimos al 14 de marzo de 2020 —fecha en la que oficialmente entra en vigor el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, ello a tenor de su Disposición final tercera—.

Por tanto, el solicitante, a fecha de 14 de marzo, debería estar afiliado y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

  1. Respecto a la reducción de la facturación de al menos el 75 por ciento en relación con la media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma, debemos indicar que cuando el trabajador autónomo no lleve de alta los seis meses naturales exigidos para acreditar la reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el periodo de actividad.

 

En cuanto a la Documentación acreditativa de los Requisitos anteriores

Para la reducción de la facturación habremos de aportar la información contable que lo justifique: copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos.

Respecto a aquellos autónomos que no estén obligados a llevar los libros anteriores, deberán acreditar la reducción al menos del 75% exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

Toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se haga constar que cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a esta prestación.

 

Cuantía de la Prestación

  • En el caso de trabajadores autónomos que tengan la carencia para causar derecho a la prestación por cese de actividad prevista en la Ley General de la Seguridad Social, la cuantía de la prestación se determinará aplicando el 70 por ciento a la base reguladora, calculada de conformidad con lo previsto en el artículo 339 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

  • Cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, la cuantía de la prestación será equivalente al 70 por ciento de la base mínima de cotización de la actividad desempeñada por el trabajador autónomo.

Independientemente de que el trabajador reúna o no el período mínimo de cotización, el importe de la prestación estará siempre sujeta a los límites del artículo 339.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

 

Alta y Cotización

Durante el periodo de percepción de la prestación extraordinaria por cese de actividad el trabajador autónomo que suspenda la actividad no estará obligado a tramitar la baja. Ni tampoco existirá para el trabajador obligación de cotizar.

Respecto de las cuotas ya ingresadas y que se puedan ingresar (incluidos únicamente los recargos, intereses de demora y costas) y se superpongan con alguno de los días del período con derecho a la prestación de carácter excepcional, serán devueltas a petición de los interesados.

Su solicitud deberá formularse junto con la solicitud de la prestación excepcional, debiendo acompañarse a tal efecto los documentos acreditativos de su pago y sin que pueda ya solicitarse una vez expirado el plazo.

NOTA: Si el que tuviera derecho a la devolución fuera deudor de la Seguridad Social por cuotas correspondientes a otros períodos o por otros recursos del sistema, el crédito por la devolución será aplicado al pago de las deudas pendientes con aquella en la forma que legalmente proceda.

 

Duración.

La prestación extraordinaria por cese de actividad tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes, siempre que continúen los requisitos exigidos para su concesión.

 

En cuanto a los Beneficios de su concesión

La concesión de esta prestación no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

El tiempo de duración de la prestación se entenderá como cotizado tanto por contingencias comunes como por contingencias profesionales, así como por cese de actividad para quienes vinieran haciéndolo al tiempo de solicitar la prestación.

 

Incompatibilidad

Esta prestación será incompatible, como ya hemos dicho, con cualquier otra prestación, tanto si la percibe efectivamente el trabajador como si tuviera derecho a percibirla.

 

Concurrencia con los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa vinculada al COVID-19

En este caso, el trabajador autónomo, en el momento de presentar la solicitud de la prestación excepcional, deberá adjuntar también copia del inicio de las actuaciones dirigidas a la tramitación del oportuno expediente de suspensión de contratos y reducción de jornada.

 

 

 

 

Medidas laborales introducidas en el Real Decreto-Ley 8/2020.

Hoy ha sido publicado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Según la exposición de motivos de la norma su objetivo es, en el contexto de crisis en el que nos encontramos, proteger y dar soporte al tejido productivo y social para minimizar el impacto y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible un rebote en la actividad.

Desde un punto de vista LABORAL, cabe destacar la adopción de las siguientes medidas: 

 

CAPÍTULO I: MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES, FAMILIAS Y COLECTIVOS VULNERABLES 

 

  • Carácter preferente del trabajo a distancia.

Se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado. Estas medidas alternativas, particularmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de la actividad.

Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.

A través del contenido de su artículo 5 se plasma normativamente lo que, hasta ahora, era una recomendación del Gobierno y deja, por tanto, de ser necesario el acuerdo con el trabajador para la implantación de esta modalidad de trabajo. 

 

  • Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada.

Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado a personas que requieren de su presencia tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del Covid-19.

Se entenderá que concurren dichas circunstancias excepcionales cuando:

  • Sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de otra que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal y directo.

  • Existan decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas relacionadas con el Covid-19 que impliquen cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención a la persona necesitada de los mismos.

  • Exista una ausencia en la actividad de cuidado de quien hasta el momento se hubiera encargado del cuidado o asistencia de otra respecto de la que la persona trabajadora tuviera deberes de cuidado, por causas justificadas relacionadas con el covid-19, con su prevención o con la evitación de su transmisión.

El citado derecho se configura como un derecho individual para cada progenitor debiendo ser justificado, razonable y proporcionado en relación con la situación de la empresa, particularmente cuando sean varias las personas trabajadoras que acceden al mismo en la empresa. La norma insta a la empresa y persona trabajadora a hacer lo posible por llegar a un acuerdo. Por tanto, si bien se configura como un derecho, la norma exige justificación, razonabilidad y proporcionalidad, debiendo tenerse en cuenta las necesidades organizativas de las empresas.

El derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse a la distribución del tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo, cuya alteración o ajuste permita que la persona trabajadora pueda dispensar la atención y cuidado objeto del presente artículo. Puede consistir en cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia, o en cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa o que pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado, teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de las medidas contempladas en la presente norma, que se limita al período excepcional de duración del COVID-19.

Las personas trabajadoras tendrán derecho a una reducción especial de la jornada de trabajo en las siguientes situaciones, cuando concurran las circunstancias excepcionales previstas en el apartado primero de este artículo, con la reducción proporcional de su salario:

  • Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida.

  • Quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo.

  • El progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor permanente para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los dieciocho años.

La reducción de jornada especial deberá ser comunicada a la empresa con 24 horas de antelación, y podrá alcanzar el 100% de la jornada si resultara necesario.

En caso de reducciones de jornada que lleguen al 100% el derecho de la persona trabajadora deberá estar justificado y ser razonable y proporcionado en atención a la situación de la empresa.

 

  • Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse éste durante más de un mes, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto, o, en otro caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

  1. Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

  2. En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre anterior.

  3. Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.

La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este apartado tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes. El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

La cuantía de la prestación es del 70%, y será el promedio de las bases por las que se hubiere cotizado durante los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese.

Esta prestación se reconoce aun cuando no se acredite el periodo mínimo de cotización necesaria para la prestación de cese de actividad (12 meses), siendo su cuantía del 70% de la base mínima de cotización del régimen especial de autónomos.

La percepción será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social. 

 

CAPÍTULO II. Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos

 

  • Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor.

Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor.

En los supuestos en que se decida por la empresa la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en las circunstancias de fuerza mayor, se aplicarán las siguientes especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes:

  • El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa. La empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas.

  • La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.

  • La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y deberá limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.

  • El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de cinco días.

Respecto de la tramitación de esta tipología de ERTE se establece, para los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales, al procedimiento establecido en el RD 42/1996 salvo en lo relativo al plazo para la resolución de la Autoridad Laboral y al informe de la inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La lectura de este precepto genera dudas interpretativas sobre la concurrencia de causa directa en aquellos casos no contemplados expresamente en el artículo, dependiendo la autorización de las suspensiones o reducciones solicitadas, de la interpretación que del mismo realice la Autoridad Laboral.

La no constatación por la Autoridad Laboral de la existencia de fuerza mayor no impide la posterior tramitación de un ERTE temporal por causas productivas relacionadas con el COVID-19, si bien este no tendrá efectos retroactivos.

 

  • Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción.

En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19, se aplicarán las siguientes especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes:

  • En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La comisión estará conformada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por tres trabajadores de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores.

En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo de 5 días.

  • El periodo de consultas entre la empresa y la representación de las personas trabajadoras o la comisión representativa prevista en el punto anterior no deberá exceder del plazo máximo de siete días.
  • El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de siete días.

Igualmente, como se señalaba anteriormente el artículo 23 del Real Decreto Ley respecto de los socios de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales se remite al establecido en el RD 42/1996 con las especialidades del periodo de consulta e informe de la inspección de trabajo.

Debe advertirse que, este artículo, contempla especialidades únicamente para aquellas situaciones en las que, aun produciéndose un descenso de la actividad por motivos relacionados con el COVID-19, no se considera que exista una causa directa. Por tanto, un ERTE por causas productivas sin relación con el COVID (difícilmente imaginable en estos momentos), seguiría la tramitación general prevista en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

  • Medidas extraordinarias en materia de cotización en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor relacionados con el COVID-19.

En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.

Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la consideración de dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos.

La exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada. A efectos del control de la exoneración de cuotas será suficiente la verificación de que el Servicio Público de Empleo Estatal proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el período de que se trate.  

 

  • Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo en aplicación de los procedimientos anteriormente referidos.

En los supuestos en que la empresa decida la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en las circunstancias extraordinarias reguladas en el real decreto-ley, el Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, el Instituto Social de la Marina, adoptarán las siguientes medidas:

  • El reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo, regulada en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, a las personas trabajadoras afectadas, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.

  • No computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.

En todos los casos se requerirá que el inicio de la relación laboral o societaria hubiera sido anterior a la fecha de entrada en vigor del real decreto-ley.

Las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores fijos discontinuos y por aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, que hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo como consecuencia del impacto del COVID-19 durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, podrán volver a percibirse, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo. Para determinar el periodo que, de no haber concurrido esta circunstancia, hubiera sido de actividad laboral, se estará al efectivamente trabajado por el trabajador durante el año natural anterior en base al mismo contrato de trabajo. En caso de ser el primer año, se estará a los periodos de actividad de otros trabajadores comparables en la empresa.

 

CAPÍTULO III. Medidas específicas para los socios trabajadores cooperativistas.

  1. Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda tendrán derecho igualmente a la prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 a la que nos hemos referido anteriormente, siempre que reúnan los requisitos establecidos.

  2. Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada tanto en los casos de fuerza mayor como por causa económica, técnica, organizativa y de producción en que afecten a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o en algunos de los regímenes especiales que protejan la contingencia de desempleo, será de aplicación el procedimiento especifico previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que se amplía la protección por desempleo a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado en situación de cese temporal o reducción temporal de jornada, salvo en lo relativo al plazo para la emisión de resolución por parte de la Autoridad Laboral y al informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se regirán por lo previsto en los apartados c) y d) del apartado referente a las “Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor”.

  3. Podrán acogerse a las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo señaladas anteriormente, aquellas personas que tengan la condición de socias trabajadoras de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo.

 

  • Plazo de duración de las medidas previstas en el Capítulo II.

Las medidas recogidas en este capítulo II del real decreto-ley estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19.

 

  • Para terminar, entre las disposiciones adicionales que incorpora el real decreto cabe destacar las siguientes cuestiones:

Se establece que las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente real decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

Y, además, el Gobierno establece las siguientes limitaciones a la aplicación a los expedientes de regulación de empleo:

  1. No se les aplicarán las especialidades previstas para los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor a los expedientes de regulación de empleo para la suspensión de los contratos de trabajo o para la reducción de jornada iniciados o comunicados antes de la entrada en vigor de este y basados en las causas previstas en el mismo.

  2. Las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y protección por desempleo reguladas en el real decreto serán de aplicación a los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, autorizados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, siempre que deriven directamente del COVID-19.

 

El mapa del talento de Navarra. II Edición del encuentro de expertos en RRHH

El próximo 22 de mayo en la sede de CEN sita en la calle doctor Huarte, 3 en Pamplona se celebrará la segunda edición de “El mapa del talento en Navarra”, un encuentro donde los responsables de Recursos Humanos de importantes empresas navarras debatirán sobre aspectos como el futuro del talento en Navarra, las competencias para la empleabilidad o la influencia de la transformación industrial en el capital humano. Este encuentro sirve de acto previo al III Foro del Empleo y el Emprendimiento Navarra Jobs, que se celebrará el día 8 de junio en Baluarte, organizado por  Matukio y con la colaboración de la Confederación de Empresarios de Navarra, entre otras entidades. 

Nuestra responsable de Recursos  Humanos y Subdirectora del Departamento Laboral, Patricia Granados dará su particular punto de vista en el debate que abrirá la jornada titulado “Buenas prácticas del fomento del talento”

Si desea inscribirse, puede hacer clic aquí

El programa de la jornada será el siguiente:

9:00 Apertura

  • Manu Ayerdi, vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra.
  • Carlos Fernández Valdivielso, secretario general de CEN.

9:15 a 10:30 Espacio “Buenas prácticas del fomento del talento”

  • Modera: Álex Uriarte, presidente de AEDIPE.
  • Director del Servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, Javier Zubicoa.
  • Subdirectora del Departamento Laboral, Patricia Granados 
  • Directora territorial de RRHH de Adecco, Ana Verano.
  • Directora de RRHH de Nortempo, Verónica Rivadulla.

10:30 a 11:45 Espacio “Las oportunidades en Navarra ahora”

  • Modera: Mikel Herrera, responsable de RRHH de Volkswagen Navarra.
  • Director gerente de GM Global Solutions, David Iranzo.
  • Directora de RRHH de Mutua Navarra, Cristina Patier.
  • Directora de RRHH de Carrefour, Eugenia Hernández.
  • Director de la Red de Desarrollo de Seguros Caser, Jorge Rebollo.

11:45 a 12:00 Café

12:00 a 13:15 Espacio “Liderazgo y talento en la era digital”

  • Modera: Danny Imízcoz, CEO de Matukio.
  • Director gerente de IED Electronics, Iñigo Ayerra
  • Director nacional de Operaciones de Nexian, José Ramón Castillo
  • Director Career Services Universidad de Navarra, Roberto Cabezas.
  • Director de RRHH de Florette, Pedro Fernández.

13:15 a 14:30 Espacio “El futuro del talento en Navarra”

  • Modera: Natalia Valcarlos, directora de Nortempo Navarra y la Rioja
  • Directora de RRHH de Faurecia, Rebeka Turumbay
  • Director de Oniria Consulting, Josean Ascarza
  • Socio director de Areté Activa, Luis Ciriza
  • Director de la Zona Norte de Eulen, Fernando Laguna

14:30 Cierre

  • Danny Imízcoz, CEO de Matukio
  • Natalia Valcarlos, directora de Nortempo Navarra y la Rioja

Seminario sobre las Novedades de interés para autónomos y emprendedores

El próximo martes 19 de diciembre tendrá lugar el Seminario sobre las Novedades de interés para autónomos y emprendedores en horario de 9:15 a 10:45 h

Nuestra compañera y Responsable de Desarrollo de Negocio de ARPA Accounting, Oliva Vallejos analizará en detalle las medidas más importantes establecidas en la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo destinadas a apoyar el desarrollo de la actividad emprendedora y hacer más atractivo el empleo autónomo. La Ley responde a las múltiples demandas que se venían haciendo desde las Asociaciones de Autónomos para intentar conseguir una mayor estabilidad y permanencia de los más de tres millones de autónomos y dotar de alternativa al escaso crecimiento del empleo por cuenta ajena.

Aunque la entrada en vigor se establece con efectos del día 25 de octubre, el grueso de las medidas lo harán de manera efectiva a partir de enero de 2018.

El programa de la jornada será el siguiente:

  • Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo y su ámbito de aplicación
  • Novedades en el ámbito de la Seguridad Social
  • Novedades en el ámbito Fiscal
  • Medidas pendientes de desarrollo reglamentario
  • Medidas pendientes

Si desea inscribirse o necesita más información, puede hacerlo pinchando aquí.

Artículo Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.

Hemos tenido que esperar casi un año tras la proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo para ver su aprobación definitiva y con ella, la introducción de una batería de importantes medidas, destinadas a apoyar el desarrollo de la actividad emprendedora y hacer más atractivo el empleo autónomo.

La Ley responde a las múltiples demandas que se venían haciendo para intentar conseguir una mayor estabilidad y permanencia de los más de tres millones de autónomos y dotar de una alternativa, al débil crecimiento del empleo por cuenta ajena.

Las medidas adoptadas tienen desigual impacto y a día de hoy todavía quedan aspectos que deberán ser desarrolladas por la Subcomisión constituida en el Congreso de los Diputados para el estudio de la Reforma del RETA, entre otras la cotización a tiempo parcial y la jubilación parcial.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es el plazo para la entrada en vigor de algunas de las medidas estrella de esta Ley, que serán efectivas a partir de enero de 2018.

A continuación, se detallan las medidas más destacadas de esta Ley:

  • SE AMPLÍA EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA TARIFA PLANA Y SE AÑADE UN NUEVO SUPUESTO PARA SU DISFRUTE:

Se amplía a 12 meses la tarifa plana de 50 euros mensuales, y se reduce a 2 años el periodo previo exigido sin cotizar en el RETA. Esta medida entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018.

  •  COTIZACIÓN DEL AUTÓNOMO SOCIETARIO EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Se desvincula la base mínima de cotización del autónomo societario del Grupo 1 del Régimen General. Afecta a los autónomos societarios y aquellos que en algún momento del ejercicio han tenido contratados al menos a 10 trabajadores por cuenta ajena simultáneamente. Esta novedad, llega tras la subida del 8% de la base mínima de cotización del autónomo societario en enero de 2017 y conforme al incremento en la misma medida del SMI.

  •  DEVOLUCIÓN DE OFICIO DEL EXCESO DE COTIZACIÓN PARA AUTÓNOMOS EN PLURIACTIVIDAD

Los trabajadores que coticen en Autónomos y a la vez en Régimen General, en situación de pluriactividad, tendrán derecho a la devolución del 50% del exceso de cotización si superan lo que establezca los Presupuestos Generales del Estado. La Tesorería General de la Seguridad Social procederá a abonar de oficio el reintegro que en cada caso corresponda antes del 1 de mayo del ejercicio siguiente. Esta medida entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018.

  •  PAGO DE LA CUOTA DESDE EL DÍA EFECTIVO DE ALTA O BAJA

Esta medida implica que la cuota de autónomos, será proporcional a los días efectivos de alta. La Ley introduce la posibilidad, de realizar hasta tres altas y bajas dentro de cada año natural con efectos a esas fechas, de forma que en esos meses solo pagarán por días trabajados, dividiéndose la cuota fija mensual por 30. El resto de las altas o bajas dentro del año tendrán efectos como antes, desde el primer día del mes. Entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018.

  •  POSIBILIDAD DE CAMBIAR LA BASE DE COTIZACIÓN HASTA 4 VECES AL AÑO

Se amplía la posibilidad de que los trabajadores autónomos cambien su base de cotización de dos a cuatro veces al año. A partir del 1 de enero de 2018 podrán solicitarlo antes del 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre, con efectos al 1 de abril, 1 de julio, 1 de octubre y 1 de enero del año siguiente, respectivamente, lo que permite una mejor adaptación de las cotizaciones a los ingresos del trabajador autónomo.

  • COBRO DEL 100% DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN PARA AUTÓNOMOS JUBILADOS CON PERSONAL CONTRATADO

La nueva norma permite compatibilizar trabajo e incrementar al 100% el cobro de la pensión siempre y cuando se acredite tener contratado al menos un trabajador por cuenta ajena. En caso contrario se seguirá percibiendo la mitad de la cuantía.

  • EL RECARGO POR INGRESOS FUERA DE PLAZO SE REDUCE EL PRIMER MES

Se reduce a un 10% el recargo aplicable si el abono se produce con retraso, pero dentro del primer mes natural siguiente al de vencimiento del plazo de ingreso.
Esta medida se extiende no sólo a los autónomos sino también al resto de sujetos responsables del pago incluidos en los diferentes regímenes de la Seguridad Social. Entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018.

  • MEJORA DE LAS BONIFICACIONES PARA CONCILIAR LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL DEL AUTÓNOMO
  1.  Nueva tarifa plana para mujeres que se incorporen tras la maternidad: Se introduce a partir de su entrada en vigor, una reducción del 80 % de la cuota durante 12 meses, que serán 50 euros (tarifa plana) siempre que opten por cotizar por la base mínima, para aquellas mujeres autónomas que han cesado su actividad por maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela y vuelven a realizar una actividad por cuenta propia en los dos años siguientes al cese.
  2. Bonificación durante el descanso por maternidad, paternidad y otros: Se elimina el requisito de ser sustituido mediante un contrato de interinidad con un desempleado para poder disfrutar de la bonificación prevista (100% de la cuota de autónomos) durante los períodos de descanso por razón de maternidad/paternidad o riesgo durante el embarazo o la lactancia. Para disfrutar de esta bonificación se exigirá un período mínimo de descanso de un mes.
  3.  Bonificación por cuidado de menores: La bonificación del 100% de la cuota de autónomos durante 12 meses por cuidado de menores de 7 años a su cargo se amplía a los menores de 12 años
  • BONIFICACIONES POR CONTRATACIÓN DE FAMILIARES
  1. Se extiende la bonificación del 50% de la cuota mínima de los familiares del trabajador autónomo que se den de alta como colaboradores de aquellos, a la pareja de hecho siempre que acrediten una convivencia de al menos 5 años.
  2. Se introduce la posibilidad de contratación por cuenta ajena y la cobertura por todas las prestaciones del Régimen General, excepto el desempleo, a los hijos mayores de 30 años que convivan si tienen discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 % e inferior al 65 %, siempre que causen alta por primera vez en el sistema de la Seguridad Social.
  • CONSIDERACIÓN EXPRESA DEL ACCIDENTE IN ITINERE COMO ACCIDENTE DE TRABAJO

Se equipara el accidente in itinere de los autónomos que coticen por riesgos profesionales a las contingencias profesionales y se considera accidente de trabajo el sufrido al ir o al volver del lugar de la prestación de la actividad económica o profesional, entendiendo por tal el establecimiento en donde el trabajador autónomo ejerza habitualmente su actividad siempre que no sea su domicilio y lo haya declarado como afecto a la actividad económica a efectos fiscales.

Últimas novedades en materia laboral y de Seguridad Social

Mediante la presente circular os informamos de las novedades legislativas en materia laboral y de Seguridad Social que han acontecido durante los últimos días del año 2013. A continuación os mostramos unos cuadros resumen con las principales novedades:

REAL DECRETO –LEY 16/2013 DE 20 DE DICIEMBRE DE MEDIDAS PARA FAVORECER LA CONTRATACION ESTABLE Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS TRABAJADORES. ENTRADA EN VIGOR EL 22 DE DICIEMBRE.

CONTRATO A TIEMPO PARCIAL ( ARTICULO 12 ET)

  • Imposibilidad de realizar horas extraordinarias salvo de fuerza mayor.
  • Horas complementarias exclusivamente en contratos a tiempo parcial con jornada ordinaria al menos de 10 horas semanales en cómputo anual.
  • Se elimina la limitación de pacto de horas complementarias pactadas a los contratos de duración indefinida.
  • Diferenciación entre horas complementarias pactadas y voluntarias.
  • Se amplían el % de horas complementarias sin que puedan exceder en ningún caso alcance la jornada de un trabajador a tiempo completo. nº de horas complementarias pactadas: no superior al 30% de las horas ordinarias salvo previsión de convenio colectivo.( limite 60%) Nº de horas complementarias voluntarias (ofrecidas por el empresario): solo contratos indefinidos y no superior a 15 % salvo convenio colectivo (limite 30 %).
  • Obligación de registro de horas complementarias, su incumplimiento da lugar a una presunción de jornada completa.

PERIODO DE PRUEBA CONTRATOS ARTICULO 15 DURACION NO SUPERIOR A 6 MESES ( ART 15 ET)

  • No podrá ser superior a un mes, salvo que el convenio colectivo disponga lo contrario.
  • La interrupción del periodo de prueba se amplía a las situaciones de riesgo durante el embarazo y lactancia, maternidad y paternidad.

DISTRIBUCION IRREGULAR DE LA JORNADA ( ART 34 ET)

  • El régimen de compensación de las diferencias de horas por exceso o por defecto será el previsto en convenio colectivo o a falta de previsión  por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores y  en defecto de pacto deberán quedar compensadas en el plazo de 12 meses desde que se produzcan.

REDUCCION DE JORNADA POR CUIDADO DE HIJO ( ART 37.5 ET)

  • Se amplía hasta los 12 años de edad la reducción de jornada del trabajo diario con la disminución proporcional del salario.

CONTRATO DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES( LEY 3/2012 )

  • Se posibilita la celebración del contrato indefinido de apoyo a los emprendedores a tiempo parcial. Las bonificaciones e incentivos fiscales se disfrutarán de modo proporcional a la jornada pactada.
ETT
  • Posibilidad de que las ETT cedan a empresas usuarias trabajadores contratados bajo la modalidad de contratos en prácticas. Posibilidad de extender las bonificaciones por transformación de contrato en prácticas a indefinido a las empresas usuarias que sin solución de continuidad concierten un contrato indefinido con trabajadores en prácticas cedidos por una ETT.

CONTRATO A TIEMPO PARCIAL CON VINCULACION FORMATIVA ( LEY 11/2013)

  • Se concreta el concepto de sector de actividad: el identificado como clase mediante un código numérico de cuatro cifras en el Anexo del RD 457/2007.

CONCEPTO GRUPO DE EMPRESAS A EFECTOS DE LAS APORTACIONES ECONOMICAS POR DESPIDOS QUE AFECTEN A TRABAJDORES DE 50 O MAS AÑOS EN EMPRESAS CON BENEFICIOS

  • Se considera el concepto definido en el artículo 42 del Código de Comercio, si bien para los resultados del ejercicio solo se tiene en cuenta los resultados obtenidos en España por empresas que lo integren.

REDUCCION TIPO COTIZACION POR DESEMPLEO EN CONTRATO A TIEMPO PARCIAL

  • El tipo de cotización se reduce un 1%. Resulta el 8,30%. 6,70% a cargo del empresario y 1,60% a cargo del trabajador.

CONCEPTOS COMPUTABLES EN LA BASE DE COTIZACION DEL RGSS. ( ART 109 LGSS)

Únicamente no se computarán en la base de cotización:

  • Asignaciones para gastos de locomoción del trabajador que se desplace fuera de su centro habitual de trabajo para realizarlo en lugar distinto. Si se utiliza transporte público el importe de dichos gastos con factura o equivalente. Gastos normales de manutención y estancia generados en municipio distinto del lugar de trabajo y del que constituya su residencia en la cuantía de la normativa estatal del IRPF.
  • Indemnizaciones por fallecimiento, traslados, suspensiones y despidos. ( ver los límites previstos en la norma)
  • Mejoras de las prestaciones por IT concedidas por las empresas.
  • Gastos de estudios dirigidos a la actualización, capacitación o reciclaje del personal a su servicio cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo.
  • Horas extraordinarias salvo para la cotización de AT y EP.
Nota: por tanto habrá de cotizar por conceptos por los que anteriormente no se cotizaba o están exentos parcialmente como : el plus distancia, las cantidades abonadas en concepto de quebranto de moneda y las indemnizaciones por desgaste de útiles o herramientas, los productos en especie concedidos voluntariamente por las empresas, planes de pensiones y a los sistemas de previsión social complementaria de sus trabajadores, la entrega a los trabajadores en activo, de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, de acciones o participaciones, las entregas de productos a precios rebajados que se realicen en cantinas o comedores de empresa o economatos de carácter social, ayuda guardería, seguro médico…. Etc.

REGIMEN APLICABLE A LOS CONTRATOS VIGENTES CON ANTERIORIDAD A ESTE RD LEY

  • Horas complementarias: seguirán rigiéndose por lo por pactado anteriormente salvo que las partes acuerden modificarlo en los términos de la nueva redacción.
  • Periodos de prueba: continuarán rigiéndose por la normativa legal o convencional conforme a la que se celebraron.

 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY 22/2013 DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2014 Y OTRAS CUESTIONES DE INTERES

BASES Y TIPOS DE COTIZACIÓN PARA EL AÑO 2014

  • El tope máximo de la base de cotización queda fijado, a partir de 1 de enero de 2014, en la cuantía de 3.597 €/mes .
  • Los tipos de cotización se mantienen igual:

CC: Empresa 23,60, Trabajador 4,70, TOTAL 28,30

HEF: Empresa 12, Trabajador 2,TOTAL 14

Restos HE: Igual que CC

AT y EP: Según Tarifa primas disposición adicional 4 º Ley 42,2006.

DETERMINACIÓN IPREM 2014

  • EL IPREM diario, 17,75 €.
  • El IPREM mensual, 532,51 €.
  • El IPREM anual, 6.390,13 €.

MODIFICACIONES DE LA LGSS. NOVEDADES EN PRESTACIÓN DE IT Y RESIDENCIA HABITUAL TERRITORIO ESPAÑOL.

  • La incomparecencia del trabajador a los reconocimientos médicos durante la IT requeridos por las MATEPSS dará lugar a la suspensión cautelar de la prestación por IT al objeto de comprobar la justificación o no de la incomparecencia. El procedimiento de suspensión está pendiente de desarrollo reglamentario.
  • Para mantener el derecho a las prestaciones de la Seguridad Social que requieran la residencia habitual (ejemplo, asistencia sanitaria o pensión de jubilación no contributiva) en España será necesario no tener estancias en el extranjero de más de 90 días en el año natural.

SUPRESIÓN PAGO DEL FOGASA DEL 40 % DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO OBJETIVO EN EMPRESAS DE MENOS DE 25 TRABAJADORES.

  • Se suprime apartado 8 del art. 33 del Estatuto de los Trabajadores que preveía el pago por parte del FOGASA del 40 % de la indemnización de los despidos objetivos de trabajadores indefinidos levados a cabo en empresas con menos de 25 trabajadores. A partir de ahora las empresas con menos de 25 trabajadores deberán poner a disposición del trabajador la indemnización por despido objetivo íntegra.

 

RD 1046/2013 POR EL QUE SE FIJA EL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL PARA 2014

CONGELACIÓN SMI 2014

  • El SMI en la agricultura, en la industria y en los servicios se mantiene en 21,51 €/día, 645,30 €/mes, 9.034,20 €/anuales.
  • El SMI para trabajadores temporeros, eventuales y empleadas del hogar 30,57 euros por jornada legal en la actividad y 5,05 euros por hora efectivamente trabajada.

 

 

X